SANTO DOMINGO.- El procurador General de la República, Radhames Jiménez Peña, exhortó a las 34 entidades empresariales que piden actuación inmediata frente a la corrupción pública, presentar las pruebas para actuar en consecuencia.
Empero, dijo que es responsabilidad de la Dicción de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), buscar las pruebas y que en caso de que se compruebe, que en una de esas investigaciones se puedan establecer sanciones tipos penales, el Ministerio Público actuará en consecuencia.
“Los exhortamos a que si tienen en su poder algún tipo de elementos o pruebas que comprometan a esas personas que se sindican responsable de desfalcar los fondos públicos, facilitarlos al Ministerio Público para actuar en consecuencia”, enfatizó Jiménez Peña.
Manifestó que si una persona tiene la seguridad de que se está cometiendo cualquier tipo de desafuero en contra del patrimonio nacional tiene que ayudar, aportar, no solo con denuncia, sino también llevar los elementos para facilite el accionar del Ministerio Público.
Jiménez Peña, sin embargo, sostiene que el Ministerio Público depende de otros órganos que son fundamentales, como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, que a su entender son los proveedores de lo que sería la base de sustentación para esa acusación.
Entre las organizaciones que firmaron el documento donde denuncian actos de corrupción en la administración pública, están las asociaciones de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), de Fabricantes de Jeans (AFJ), de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles (APYMETEX); de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO), de Embotelladores de Agua (ADEAGUA), de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA), de Industrias Graficas y Afines (ADIGA), de Industrias Textiles (ADITEX), de Fabricantes de Dulces y Afines (ASODULCES), de Jóvenes Empresarios (ANJE), de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), los centros de Educación Antonio Montesinos (CEAM), Juan Montalvo y Juan XXIII.
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