Siempre se ha desconfiado del sistema de justicia dominicano, pero ahora esa desconfianza ha aumentado debido a los indultos presidenciales y la falta de honestidad de jueces y fiscales
SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que en la ciudadanía hay desconfianza en el sistema de justicia dominicano como escenario adecuado para detectar, investigar, perseguir y sancionar a los autores de crímenes y delitos.
Sostuvo que la sociedad observa con estupor los signos de crecimiento del crimen organizado en importantes sectores e instituciones nacionales.
Esto se corresponde con un aumento de la percepción de inseguridad, los actos y violentos y la desconfianza en la Justicia, señaló la Finjus en un comunicado.
Resaltó la necesidad de que los órganos jurisdiccionales sean efectivos y legítimos.
“Numerosos estudios e investigaciones han señalado reiteradamente la vinculación estrecha entre el desarrollo económico y social y la existencia de un Estado de derecho, basado en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la efectividad y legitimidad de los órganos jurisdiccionales”, expuso.
Sobre el Ministerio Público, la Finjus sostuvo que éste concentra en todas las sociedades modernas una gama de funciones primordiales en el sistema de justicia penal, que apuntan en la dirección del control y sanción de la criminalidad. Ponderó la puesta en vigencia en el país del Código Procesal Penal, que opinó supuso un gran cambio para el Ministerio Público (MP) al pasar de un “híbrido sin poder” a director de la investigación y verdadero acusador público.
Destacó la aprobación del estatuto del Ministerio Público, la creación de la Escuela Nacional del MP, los presupuestos de la carrera e inamovilidad dispuestos en la ley, complementados por el Reglamento de la Carrera del MP, como avances para la creación de bases jurídicas para un serio proceso de institucionalización del acusador público”.
Sin embargo, la Finjus señaló que los propósitos que perseguía ese conjunto de cambios institucionales y normativos, aún no han resultado en un incremento de la eficacia del Ministerio Público en el nivel que espera la sociedad dominicana.
La institución indicó que “vivimos en un país con una frágil configuración institucional, lo que atribuye a lo joven del proceso y las contradicciones e incongruencias técnicas expresadas en el Estatuto del Ministerio Público”.
Igualmente cita lo débil que a esos fines “resulta la regulación fundamentalmente reglamentaria de la Carrera del Ministerio Público”.
“Son aspectos que en sí mismos no constituyen una garantía para la permanencia, continuidad y consolidación de los logros que se han alcanzado”, señaló la Finjus en el documento.
Para fortalecer al Ministerio Público en su lucha contra la criminalidad y corrupción, la Finjus propuso que la cumbre, que inicia hoy, adopte como uno de sus debates principales consagrar la independencia funcional del MP en la reforma constitucional.
Asimismo, profundizar el proceso de profesionalización y selección de los procuradores fiscales en todo el país, en base a los programas impartidos en la Escuela Nacional y separar de sus filas a quienes no cumplan con los criterios definidos en la ley.
También, “dotar al Ministerio Público de recursos suficientes para incrementar su efectividad en la persecución del crimen organizado y la corrupción, especializando sus funciones de investigación, que redunde en mejores acusaciones ante los tribunales nacionales”.
Además, propuso “establecer mecanismos interinstitucionales que garanticen una coordinación efectiva y más productiva entre el Ministerio Público y Policía Nacional para investigación y acusación de autores de crímenes”.
Falta marco constitucional
La Finjus atribuye los problemas señalados a la carencia de un marco constitucional que dé permanencia a los cambios introducidos, la dependencia del Poder Ejecutivo, la politización de miembros del MP y la falta de recursos para el desempeño de sus funciones, “lo que dificulta su labor en el sistema de justicia, por no estar a la par de la judicatura ni poder dirigir efectivamente la investigación”.
SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que en la ciudadanía hay desconfianza en el sistema de justicia dominicano como escenario adecuado para detectar, investigar, perseguir y sancionar a los autores de crímenes y delitos.
Sostuvo que la sociedad observa con estupor los signos de crecimiento del crimen organizado en importantes sectores e instituciones nacionales.
Esto se corresponde con un aumento de la percepción de inseguridad, los actos y violentos y la desconfianza en la Justicia, señaló la Finjus en un comunicado.
Resaltó la necesidad de que los órganos jurisdiccionales sean efectivos y legítimos.
“Numerosos estudios e investigaciones han señalado reiteradamente la vinculación estrecha entre el desarrollo económico y social y la existencia de un Estado de derecho, basado en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la efectividad y legitimidad de los órganos jurisdiccionales”, expuso.
Sobre el Ministerio Público, la Finjus sostuvo que éste concentra en todas las sociedades modernas una gama de funciones primordiales en el sistema de justicia penal, que apuntan en la dirección del control y sanción de la criminalidad. Ponderó la puesta en vigencia en el país del Código Procesal Penal, que opinó supuso un gran cambio para el Ministerio Público (MP) al pasar de un “híbrido sin poder” a director de la investigación y verdadero acusador público.
Destacó la aprobación del estatuto del Ministerio Público, la creación de la Escuela Nacional del MP, los presupuestos de la carrera e inamovilidad dispuestos en la ley, complementados por el Reglamento de la Carrera del MP, como avances para la creación de bases jurídicas para un serio proceso de institucionalización del acusador público”.
Sin embargo, la Finjus señaló que los propósitos que perseguía ese conjunto de cambios institucionales y normativos, aún no han resultado en un incremento de la eficacia del Ministerio Público en el nivel que espera la sociedad dominicana.
La institución indicó que “vivimos en un país con una frágil configuración institucional, lo que atribuye a lo joven del proceso y las contradicciones e incongruencias técnicas expresadas en el Estatuto del Ministerio Público”.
Igualmente cita lo débil que a esos fines “resulta la regulación fundamentalmente reglamentaria de la Carrera del Ministerio Público”.
“Son aspectos que en sí mismos no constituyen una garantía para la permanencia, continuidad y consolidación de los logros que se han alcanzado”, señaló la Finjus en el documento.
Para fortalecer al Ministerio Público en su lucha contra la criminalidad y corrupción, la Finjus propuso que la cumbre, que inicia hoy, adopte como uno de sus debates principales consagrar la independencia funcional del MP en la reforma constitucional.
Asimismo, profundizar el proceso de profesionalización y selección de los procuradores fiscales en todo el país, en base a los programas impartidos en la Escuela Nacional y separar de sus filas a quienes no cumplan con los criterios definidos en la ley.
También, “dotar al Ministerio Público de recursos suficientes para incrementar su efectividad en la persecución del crimen organizado y la corrupción, especializando sus funciones de investigación, que redunde en mejores acusaciones ante los tribunales nacionales”.
Además, propuso “establecer mecanismos interinstitucionales que garanticen una coordinación efectiva y más productiva entre el Ministerio Público y Policía Nacional para investigación y acusación de autores de crímenes”.
Falta marco constitucional
La Finjus atribuye los problemas señalados a la carencia de un marco constitucional que dé permanencia a los cambios introducidos, la dependencia del Poder Ejecutivo, la politización de miembros del MP y la falta de recursos para el desempeño de sus funciones, “lo que dificulta su labor en el sistema de justicia, por no estar a la par de la judicatura ni poder dirigir efectivamente la investigación”.
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